Chetumal.- Durante el desarrollo de su Sesión número 12 del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, los diputados aprobaron diversas iniciativas que tienen que ver con la protección de los derechos de la clase rabajadora burocrática; así como políticas públicas para la gentrificación de los municipios.
Después de la le lectura de la correspondencia recibida, el Secretario de la Mesa Directiva leyó la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose en su orden los subsecuentes, de la Constitución Política del Estado; presentada por el Diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, donde estipula que hay que atender con políticas públicas el proceso de gentrificación.
La propuesta es agregar el párrafo “El Estado y los municipios en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, promoverán políticas públicas para atender los procesos de gentrificación, impulsando la distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano”, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Otro punto fue la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 52; y la fracción III al artículo 124 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, presentada por el Diputado Rubén Antonio Carrillo Buenfil, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la XVIII Legislatura del Estado.
“La presente reforma busca incorporar expresamente que cuando un trabajador o trabajadora al servicio del Estado, Ayuntamientos y Organismos descentralizados cuente con una Declaración Especial de Ausencia, su nombramiento se considere suspendido hasta que se determine su situación jurídica, sin que ello implique renuncia, separación, baja o afectación a sus derechos adquiridos. De igual forma, se precisa que los plazos de prescripción para reclamar prestaciones o derechos laborales no correrán mientras subsista dicha condición, protegiendo así la esfera jurídica del trabajador desaparecido”, especifica el documento.
El promovente, Ruben Carrillo Buenfil, tomó la tribuna para decir que la desaparición de una persona es un dolor en la familia, por ello, las instituciones deben de garantizar los derechos, donde sus dependientes deben ser protegidos por el Estado; “su objetivo es reconocer la situación jurídica de las personas desaparecidas, sus bienes y garantía para la familia… si es localizado con vida, el Estado debe de devolverle su lugar, escalafón y derechos laborales”.
Los asuntos fueron agotados y la presidenta de la mesa directiva, diputada Lilia Inés Mis Martínez citó para la sesión número 13.