Mientras en gran parte del país la violencia continúa creciendo y la ciudadanía vive atrapada entre el miedo y la impunidad, en Quintana Roo las autoridades han decidido endurecer la ofensiva contra la delincuencia con una estrategia que busca recuperar el control de las calles.
La Fiscalía General del Estado, encabezada por Raciel López Salazar, mantiene operativos permanentes en municipios considerados focos rojos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, donde en los últimos meses se han intensificado cateos, detenciones y trabajos de inteligencia contra grupos criminales.
El objetivo, aseguran autoridades estatales, es cerrar espacios a organizaciones dedicadas al narcomenudeo, extorsión, trata de personas y delitos de alto impacto que durante años afectaron tanto a la población como a la imagen turística del Caribe mexicano.
La estrategia no solo involucra a la Fiscalía. También participan fuerzas federales, corporaciones estatales y policías municipales bajo una coordinación que pretende demostrar presencia total del Estado frente a la delincuencia.
Los números comienzan a ser utilizados como bandera institucional.
De acuerdo con datos oficiales, Quintana Roo logró alrededor de 500 sentencias condenatorias en un año, varias de ellas consideradas históricas, con penas de hasta 110 años de prisión para responsables de delitos graves.
Entre las resoluciones destacan casos relacionados con feminicidio, abuso sexual, trata de personas y extorsión, delitos que durante mucho tiempo generaron fuertes críticas ciudadanas por la falta de resultados.
Sin embargo, el verdadero reto apenas comienza.
Expertos y ciudadanos coinciden en que la seguridad no puede sostenerse únicamente con operativos o conferencias. El desafío será evitar filtraciones, combatir posibles redes de corrupción y garantizar que las investigaciones no colapsen en los tribunales.
Porque en México, el principal aliado de la delincuencia sigue siendo la impunidad.
Ante ello, la Fiscalía también ha intensificado el llamado a la denuncia ciudadana, buscando romper el miedo que durante años mantuvo en silencio a muchas víctimas.
Hoy, desde Quintana Roo, el mensaje político e institucional parece ser: recuperar el control, reforzar el Estado de derecho y demostrar que la delincuencia ya no tendrá el mismo margen de operación.