Un presunto esquema de regularización migratoria irregular habría permitido la entrada y legalización de ciudadanos cubanos en México mediante el registro de supuestos hijos mexicanos, de acuerdo con documentos, resoluciones migratorias y testimonios recabados durante una investigación periodística.
En el centro de los señalamientos aparece Jorge Melchor, abogado migratorio con operaciones en Playa del Carmen, quien presuntamente habría utilizado registros de menores mexicanos para facilitar trámites migratorios a personas de origen cubano.
Según la información obtenida, el mecanismo consistiría en registrar a menores como hijos de ciudadanos cubanos, algunos incluso con apellidos vinculados a los propios solicitantes, para posteriormente acreditar un supuesto vínculo familiar ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y acceder a procesos de regularización migratoria por unidad familiar.
Entre los documentos revisados se encuentra una resolución emitida por autoridades migratorias donde se autoriza la regularización como residente permanente de una ciudadana cubana al acreditar vínculo familiar con una menor mexicana registrada en Tapachula, Chiapas. En el expediente se menciona expresamente la presentación de un acta de nacimiento mexicana como elemento clave para obtener el beneficio migratorio.
De acuerdo con registros consultados, algunos de estos trámites fueron resueltos en periodos extraordinariamente cortos, incluso en cuestión de días, situación que ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados y la posible intervención de servidores públicos.
Las denuncias apuntan a que este esquema no habría operado de manera aislada, sino con la presunta participación o posible complicidad de funcionarios relacionados con el Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, así como autoridades municipales y del Registro Civil en Tapachula, Chiapas.
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades y especialistas consultados es la situación de los menores involucrados. Según los señalamientos, no existiría certeza sobre la ubicación, custodia o incluso la existencia real de varios de los niños utilizados para acreditar los vínculos familiares.
De confirmarse la utilización de menores para obtener beneficios migratorios, el caso podría derivar en investigaciones por corrupción, falsificación de documentos, uso indebido de registros públicos, suplantación de identidad y otros delitos contemplados en la legislación mexicana.
Especialistas consultados señalan que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas contempla incluso figuras relacionadas con la utilización de menores, adopciones ilegales y otras conductas que podrían ser materia de investigación en caso de acreditarse la existencia de una red organizada.
La pregunta que permanece sin respuesta es cuántos ciudadanos cubanos habrían sido regularizados mediante este mecanismo y cuántas actas de nacimiento o registros de menores podrían encontrarse actualmente bajo revisión por autoridades federales y registrales.
Hasta el momento no existe una postura oficial que confirme el número de expedientes investigados ni la cantidad de personas que pudieron haber obtenido beneficios migratorios mediante este presunto esquema.
Por la dimensión de los señalamientos y la posible participación de distintas instancias gubernamentales, este caso podría convertirse en una de las investigaciones migratorias más delicadas y complejas registradas en Quintana Roo durante los últimos años.