Cancún (Inforqroo).- El fiscal general Oscar Montes de Oca Rosales dijo que hay una lucha sin dar cuartel contra la delincuencia, de ahí que esta semana entre 106 detenidos que se dieron 14 fueron por secuestro y 31 por narcomenudeo.
De los 106 detenidos, 78 fueron puestos a disposición por las distintas policías del estado, y 28 en cumplimiento por órdenes de aprehensión. Quedaron 46 vinculados a proceso, 33 con detención preventiva, hubo tres cateos, y se dieron 12 sentencias condenatorias, incluidas una por feminicidio y otra por violación.
Al hablar de los hechos más sonados, ocurridos en días pasados, recordó el enfrentamiento a balazos en la avenida Kabah con Chichén Iztá, cerca de la Catedral de Cancún, tras el cual hubo detenidos, se recuperaron tres vehículos robados, armas largas y al revisar los expedientes uno de ellos está vinculado a otros delitos, como el asesinato a un policía estatal y en un secuestro.
“Con estos detenidos ya son 30 los aprehendidos de un mismo grupo delictivo, cuyos integrantes provienen de otros lugares y pretenden a base de violencia establecerse aquí, lo cual no vamos a permitir”, dijo al ser entrevistado por Radio Fórmula.
De la cabeza humana que se encontró en el kilómetro cero de la zona hotelera, dijo hay varias líneas de investigación de las que no puede abundar más para no entorpecerlas, y de la osamenta hallada en un camino al Colegio St. Jhon´s indicó que esperaran los resultados de la necropsia para saber cómo murió para proceder.
También mencionó que hubo tres detenidos que amenazaban y extorsionaban a trabajadores de la construcción de una obra en la Rivera Maya a los que obligaban a consumir o vender drogas.
Igual recordó que el viernes pasado, en Playa del Carmen, la Fiscalía General del Estado entregó reconocimientos por su desempeño y aporte a 50 mujeres. También recibieron un estímulo económico.
Por último, se refirió al caso de unas 30 personas, armadas con machetes, palos y otro tipo de arma blanca, que irrumpió ilegalmente en las instalaciones de Crococún, un centro de conservación de fauna silvestre ubicado en Puerto Morelos, con el argumento de que parte de los terrenos son de su propiedad.
Ambas partes interpusieron las respectivas denuncias, el caso quedó tunado en un juez civil, y mientras tanto, los animales de esa propiedad quedaron bajo resguardo de la Profepa.